Cuando un procedimiento judicial afecta a una familia, muchas veces los hechos jurídicos no explican toda la situación. Un juzgado puede necesitar entender cómo vive realmente una familia, qué dinámicas hay detrás de un conflicto o qué necesita un menor — y ahí es donde entra el peritaje social.
Qué es un peritaje social
Un peritaje social es una prueba pericial objetiva: un análisis técnico de la situación familiar o social de un caso, realizado por quien tiene formación y experiencia para valorarla, y presentado como informe pericial ante el juzgado. No es una opinión ni una recomendación genérica — es un documento técnico que analiza hechos concretos para aportar contexto al procedimiento.
Quién puede solicitarlo
El peritaje social a instancia de parte lo solicita directamente quien lo necesita — un despacho de abogados o un particular — para un procedimiento en curso. Si lo pide solo una de las partes, hace falta el acuerdo de ambas para poder realizarlo. Es distinto de cuando el peritaje lo encarga directamente el juzgado, a través del equipo psicosocial adscrito al mismo.
Qué aporta al procedimiento
El peritaje social no sustituye el asesoramiento jurídico ni garantiza un resultado judicial. Lo que aporta es información objetiva y verificable sobre la situación real de la familia o el caso, para que el juzgado — y los abogados que representan a las partes — cuenten con más contexto a la hora de decidir.
Por qué contar con un equipo con experiencia real en juzgados
Formamos parte de un equipo psicosocial de los juzgados de Córdoba desde hace más de 15 años, y hemos intervenido en más de 500 procedimientos judiciales. Esa experiencia — dentro y fuera del juzgado — es la que aplicamos en cada peritaje a instancia de parte.
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